Diciembre 20, 2023

Hasta abril de 2019 Alina Bárbara López Hernández era una académica e historiadora cubana. Además, coordinadora general del espacio de creación digital “La Joven Cuba”.

A partir de esa fecha los días 18 de cada mes realizaba protestas pacíficas en el parque central de su ciudad exigiendo la creación de una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución, el abandono estatal a los ancianos, jubilados y familias vulnerables y la libertad para los presos políticos, entre otros. Esta fue la razón para que sufriera el acoso, amenazas y citaciones de agentes de la Seguridad del Estado. Este es el motivo por el que se restringió su libertad de movimiento imposibilitándola a salir del país.

Alina Bárbara se convirtió en una persona incómoda porque además ha exigido el cumplimiento a las normativas legales en las citaciones practicadas contra ella ante la Fiscalía Provincial de Matanzas.

Lo que derivó en el juzgamiento fue la incomparecencia a una citación que recibiera el 13 de junio de 2023, citación carente de las formalidades establecidas en los artículos 72 y 76 de la Ley del Proceso Penal, al no constar el motivo de la citación.

La ley es clara respecto a la forma de las citaciones y serán nulas las practicadas sin observar lo dispuesto. Deben constar en las mismas, entre otras:
a) la identificación de la institución y de la autoridad que la dispone;
b) los nombres y apellidos del citado, su sobrenombre, la dirección de su domicilio o del lugar donde deba practicarse la diligencia, el centro de trabajo, la dirección electrónica y el teléfono, si constan;
c) el objeto de la citación;
d) el lugar, día y hora en que deba concurrir el citado;

No obstante, el Tribunal Municipal de Matanzas celebró juicio en su contra el 28 de noviembre de 2023 imponiéndole una multa de 250 cuotas de 30 pesos cubanos cada una, un total de 7500 pesos moneda nacional por el delito de desobediencia. Sentencia que ha sido recurrida en apelación.

Un delito que Alina no reconoce: “La cuestión no es que sea una multa, sino que estoy siendo acusada por un delito de desobediencia, y yo no admito eso, porque yo no desobedecía a oficiales que estuvieran cumpliendo funciones, porque la citación carecía de los elementos necesarios para ser aceptada como parte de la apertura de un procedimiento penal”.

Reconocer el delito de desobediencia en Alina legitima, una vez más, el autoritarismo y la impunidad del Estado Cubano. La prueba más evidente de que la revolución procesal llevada a cabo desde 2019, en este caso, por el propio sistema judicial es letra muerta, en tanto avala la violación de las garantías reconocidas en sus normas.

Alina se convierte en otro ejemplo de la violencia política que ejerce el Estado cubano contra mujeres que disienten, una violencia no reconocida específicamente en las leyes cubanas, pero que existe y cada vez con más fuerza.

Desde ACI nos sumamos al apoyo nacional e internacional en reconocimiento a los derechos y garantías ciudadanas reconocidas en la Constitución y las leyes. Exhortamos al gobierno cubano y al sistema judicial, en fase de apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Matanzas, al reconocimiento de la nulidad de la citación practicada y a la absolución de Alina Bárbara López Hernández del delito de desobediencia.